Este mes se cumplen 22 años de la guerra del agua en Bolivia

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Un 4 de abril del año 2000, inició la Guerra del Agua en Cochabamba, fecha en la que los movimientos sociales se levantaron ante el intento de privatización del agua y lograron expulsar a la empresa Aguas del Tunari, subsidiaria de la transnacional Bechtel.

El presidente de Bolivia, Hugo Banzer y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes (autoridades en ese entonces) habían firmado un contrato para privatizar el suministro del agua a Cochabamba con la empresa Aguas del Tunari, consorcio empresarial formado por la multinacional Bechtel. Este conglomerado, decretó un incremento en las tarifas de entre el 30% y el 300%.

Además, para blindar los intereses de las multinacionales, el gobierno de Banzer aprobó la Ley 2029, que abría la puerta para que estas nuevas empresas cobraran por el uso particular de los acuíferos públicos y para que los ciudadanos tuvieran que hacer frente a sus deudas con sus bienes inmuebles.

Esto significaba que Aguas del Tunari podía cobrar por el agua que los vecinos obtuvieran de sus pozos, del río o incluso recogieran de la lluvia, y que si éstos no pagaban estaba autorizada a desahuciarles y quedarse con sus casas.

Cientos de miles de bolivianos salieron aquellos días a la calle, pusieron en jaque no sólo la voluntad del gobierno, sino todo el modelo de privatizaciones que se estaba imponiendo en América Latina. Los manifestantes se organizaron a la cabeza de la “Coordinadora para la Defensa del Agua y de la Vida” liderada por Oscar Olivera, para resistir la privatización del líquido elemento.

Duras jornadas de enfrentamiento, dejaron cientos de heridos y un fallecido, Víctor Hugo Daza de 17 años. Con la acción directa y la unidad de los sectores, los cochabambinos expulsaron a la transnacional. Los dirigentes de la Coordinadora del Agua, firmaron un acuerdo con el gobierno que garantizaba el retiro de Aguas del Tunari y permitía la normalización del servicio de agua potable en Cochabamba, además de la liberación de los manifestantes detenidos y la derogación de la ley N° 2029.

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